Boletín de prensa

viernes 19 marzo 2021

Ante CIDH, ONG´s Urgen al estado Mexicano a proteger derechos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares; Gobierno abre puertas para trabajo conjunto


19 de marzo de 2021. Ante CIDH, ONG’s urgen al Estado Mexicano a proteger derechos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares; Gobierno abre puertas para trabajo conjunto

La invisibilización y falta de reconocimiento como titulares de derechos hacia niñas, niños y adolescentes en el Estado Mexicano, ha propiciado situaciones de vulneraciones graves a sus derechos humanos -incluyendo la tortura- en centros de asistencia social, que urge atender.

Celebramos el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la problemática expuesta y, reconocemos su interés de acompañar al Estado mexicano y a las organizaciones de sociedad civil convocantes, en los esfuerzos necesarios para atender la situación de niñas, niños y adolescentes privados de cuidados familiares o en riesgo de perderlos.

Organizaciones de sociedad civil saludan la disposición que demostró el Gobierno federal durante la audiencia, para trabajar de manera conjunta para la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares.

Este viernes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  se llevó a cabo la audiencia: “Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social en México”, en la que organizaciones y personas defensoras de derechos humanos visibilizaron las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano y realizaron un llamado para abrir una mesa de trabajo conjunta para impulsar acciones que garanticen sus derechos.

La audiencia fue realizada en el marco del 179 periodo ordinario de sesiones de la CIDH y  fue solicitada por Conexiones  para Aprender A.C. (Conexiones de BYDA); Save the Children; Documenta, análisis y acción para la justicia social, A.C.; Ednica, I.A.P.; así como los(as) ciudadanos(as) Mónica González Contró, Daniela Marcela Montaño Martínez, Mario Antonio González Martínez y Eduardo Verduzco Verduzco, víctima del centro de asistencia social La Gran Familia o Mamá Rosa en Zamora, Michoacán.

Durante el evento se destacó que las niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social tanto públicos y privados en México, presentan condiciones y vulneraciones de derechos humanos que, en múltiples ocasiones, son considerados formas de tortura y malos tratos y que deben ser atendidas de forma integral por las autoridades responsables, en conjunto con la sociedad civil y con acompañamiento de la propia CIDH.

De acuerdo al Censo de Alojamiento de Asistencia Social realizado en 2015 (INEGI), existen 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes que residen en 879 centros de asistencia social -públicos y privados-. Se ha podido constatar que existen centros que operan de manera irregular, con una falta de regulación y fiscalización gubernamental, propiciando la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El del centro de asistencia “La Gran Familia” o “Mamá Rosa”, en Michoacán, es un caso representativo, pues en este espacio se documentó que niñas, niños y adolescentes dormían en cuartos con barrotes, fueron objeto de golpes, quemaduras, tratos humillantes, agresiones psicológicas y emocionales; abuso sexual; castigos o detenciones durante días en cuartos pequeños, obscuros sin alimento ni agua, condiciones de vida insalubres (comida en mal estado; plagas de animales), trabajo forzado infantil, negación de contacto con sus familiares a quienes los tenían, entre otros. 

“En el albergue fui privado de mi libertad durante 6 años en los cuales sufrí las siguientes vulneraciones a mis derechos humanos: Constantes abusos sexuales por parte del personal del albergue; violencia psicológica como humillaciones, descalificaciones, insultos, entre otras; castigos físicos: encierro en un cuarto por meses sin derecho a salir de ahí, golpes, sin alimento y cuando había alimento, estaba en descomposición; sin atención médica; vulneraron mi derecho a la identidad, me cambiaron mis apellidos; no podíamos salir del albergue o si llegábamos a salir estábamos custodiados por la policía, si intentabas escapar, la policía te regresaba al albergue”,  contó durante la audiencia Eduardo Verduzco Verduzco.
 
“En 2014 la entonces PGR realizó un operativo en el que me rescató junto con 530 víctimas, debido a que mi familia biológica no se presentó. La PGR me dio la opción de venir a la CDMX sin una identidad ni apoyo de nadie. (...) Inicié una lucha para poder ser atendido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sin embargo me encontré con revictimización y nulo apoyo por parte de la institución”, continuó.

“El haber vivido esto y haber sobrevivido a ello me ha roto como ser humano, ya que era responsabilidad del Estado el velar por mi bienestar como niño. No supervisaron todo lo que nos hacían en el albergue, al contrario: la policía era cómplice, al igual que el DIF Michoacán. Como adulto también me siento vulnerado y no apoyado, no me han dado las herramientas para poder tener una verdadera reintegración a la sociedad”, concluyó Verduzco.

Como este, otros casos de abusos han sido documentados en diversos Estados, por lo que las organizaciones formularon ante la CIDH  los siguientes puntos petitorios, entre las que destacan:
 
  • Que el Estado mexicano cumpla con las obligaciones derivadas del artículo 1 constitucional y de los instrumentos internacionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas y privadas. 
  • Que en dicho proceso se integre la participación de las organizaciones de la sociedad civil a través de una mesa de trabajo institucional y permanente que sea acompañada por la CIDH. 
  • Que, en cumplimiento del artículo 112 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se realice el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, y que se establezcan mecanismos para que las Procuradurías de Protección cumplan con lo determinado en la legislación; para ello, resulta indispensable la asignación de presupuesto suficiente y personal especializado.
  • Que se determine la situación jurídica de cada niña y niño institucionalizados, a fin de garantizar su derecho a vivir en un ambiente familiar; sin que ello signifique que estemos promoviendo una desinstitucionalización que no garantice su protección.
  • La creación de protocolos adecuados para la determinación del interés superior del niño, niña o adolescente, garantizando el derecho a ser oído para atenderles según las necesidades de cada caso.
  • Que el Estado mexicano cumpla con su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
  • Que se asegure el reconocimiento de víctimas, la disculpa pública y la reparación del daño a niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados en sus derechos; así como la garantía de No repetición, incluyendo el cierre definitivo de las instituciones en las que se cometieron dichas violaciones.
  • Que el Estado mexicano realice campañas de difusión, actividades de capacitación y sensibilización hacia el público en general y los(as) funcionarios(as) relacionados(as) con la protección de niñas, niños y adolescentes.
Adicionalmente, se solicitó a la Comisión profundizar en el monitoreo de la situación y condiciones en las que viven niñas, niños y adolescentes sin cuidados familiares en México.

Representantes del Estado Mexicano, durante su participación expresaron su disposición  a formalizar una mesa de trabajo que dé seguimiento a la audiencia, para promover soluciones conjuntas en las que se garanticen, protejan y respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidados familiares y en riesgo de perderlos con el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.