Posicionamiento de la sociedad civil

jueves 14 febrero 2019

POSICIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN RELACIÓN A LA ELIMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA MADRES TRABAJADORAS

 

Ciudad de México, 14 de febrero de 2019. El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras busca que las madres y padres solos, de hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar y que trabajan, buscan empleo o estudian, y que carecen de alternativas de cuidado y mecanismos de seguridad social, puedan acceder a servicios de cuidado y atención para sus hijos e hijas más pequeños.
 
Para ello, el Programa contempló la instalación de Estancias Infantiles en zonas de alta demanda y vulnerabilidad social, operadas por particulares que cumplían con los requisitos personales y de infraestructura establecidos en las reglas de operación. Las estancias infantiles reciben un subsidio mensual de 950 pesos por niña o niño y de 1,800 pesos para cada niño/a con discapacidad; y están sujetas a la supervisión, acompañamiento y capacitación brindada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
 
La semana pasada se anunció la eliminación del Programa y su sustitución por un programa de transferencias directas no condicionadas a madres y padres de familia antes beneficiarios. Se espera que el destino de la transferencia sea el pago de servicios privados o comunitarios de cuidado (las mismas estancias, pero ahora privadas del acompañamiento, supervisión, capacitación y responsabilidad del Estado), o bien, una compensación a abuelas/abuelos y familiares por asumir las tareas de cuidado.
 
En relación al cuidado y desarrollo de niñas y niños en primera infancia, la Observación General Número 7 del Comité de los Derechos del Niño apunta lo siguiente:
 
“...los Estados Partes son responsables de la provisión de servicios para el desarrollo en la primera infancia. El papel de la sociedad civil debe complementar, y no reemplazar, el papel del Estado. Cuando los servicios no estatales desempeñan una función preponderante, el Comité recuerda a los Estados Partes que tienen la obligación de supervisar y regular la calidad de la entrega para garantizar que se protegen los derechos del niño y se atiende a su interés superior”.

El Art. 4o. de la Constitución, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño/Niña (ratificada por México en 1990) mandata:
 
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño. ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
 
Por su parte, el Art. 15 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece: “Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que aseguren su desarrollo integral”.
 
A la luz de lo anterior, la decisión anunciada preocupa a los abajo firmantes en razón de lo siguiente:

  • Se asume que la responsabilidad del cuidado infantil es un asunto del ámbito doméstico y privado; y no de interés público y corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y la familia.

  • Se pone en riesgo la actual oferta de servicios de cuidado y adecuado desarrollo para niñas y niños sin seguridad social; ante el escenario de que las estancias infantiles, privadas y comunitarias que hoy les prestan servicios cierren operaciones debido a la disminución de niñas y niños asistentes, particularmente los mayores de tres años, quienes a partir de los cambios anunciados al programa ya no serán beneficiados.

  • Se pone en riesgo la vida, la seguridad y el adecuado desarrollo de las niñas y niños más pobres, frente a cuidados de mala calidad provistos por instituciones o personas sin adecuada capacitación, supervisión y acompañamiento.

  • Se deja en manos del mercado las alternativas de cuidado infantil para las familias que menor capacidad tienen de pagar un servicio de calidad; incrementando así la brecha de desigualdad, en específico de género.

  • Se olvida que en el proceso de socialización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes la convivencia y los aprendizajes entre pares son centrales para su desarrollo integral.

  • Se perjudica a las familias en hogares nucleares, ampliados y compuestos al imponer una carga adicional sobre las mujeres, adolescentes y niñas del hogar por la falta de opciones de cuidado formal.

  • Se impone a los y las adultas mayores de familias en pobreza una carga de responsabilidad que, de acuerdo a la evidencia, podría tener efectos negativos sobre su salud física y mental;

 
Por lo anterior, los Representantes de la sociedad civil e integrantes del Consejo Consultivo del SIPINNA abajo firmantes solicitamos que:

  • El Estado asuma plenamente su obligación de garantizar el cuidado y adecuado desarrollo de las niñas y niños más pequeños y más pobres, y articule una política integral de primera infancia desde el enfoque de derechos y de género.

  • Se reconozca que el cuidado y desarrollo infantil es un asunto de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia; así como del más alto interés público;

  • Se diseñen alternativas que aseguren las opciones de cuidado infantil para todas las familias; incluidas aquellas sin seguridad social; y se asuma plenamente la obligación del Estado de acompañar, fortalecer, capacitar y supervisar a las estancias privadas y comunitarias que aseguren la prestación de servicios de alta calidad;

  • Se fortalezca la oferta de programas de cuidado y desarrollo infantil a través de modelos de educación inicial y de la promoción de competencias psicosociales para el tránsito a preescolar.

  • Se trabaje en esquemas para proporcionar orientación a madres, padres y/o cuidadores en prácticas de crianza respetuosas de los derechos de las niñas y los niños.

  • Se genere información pública sobre las alternativas de cuidado infantil de las familias más pobres en México y se analice sistemáticamente la evidencia existente sobre los efectos que el cuidado de los abuelos, y principalmente de las abuelas, que por cuestiones de género han asumido esa responsabilidad, de familias en pobreza tiene sobre su salud física y mental; así como sobre todas las demás dimensiones del desarrollo de niñas y niños bajo su cuidado.

  • Se defina un sistema de evaluación para medir los efectos de las transferencias directas o las modificaciones programáticas que se realicen para atender la demanda de cuidado y desarrollo infantil, mediante acuerdos con instituciones superiores educativas en los estados de la República.

  • Se reconozca plenamente que el Estado tiene la obligación de ser garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde la primera infancia y de actuar bajo los cuatro principios de la Convención: no discriminación, interés superior del niño/niña, derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y participación infantil.

 
Reiteramos a los gobernantes y los legisladores el mandato, que tiene jerarquía constitucional, de que “en todas las medidas concernientes a los niños/niñas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño/niña”. (Art. 3o. Convención sobre los Derechos del Niño/Niña).

 
El Estado no puede claudicar de esta responsabilidad.
 
FIRMANTES
 
Los 8 Representantes de Sociedad Civil en el SIPINNA

  • Aranzazu Alonso Cuevas, Coordinación del Pacto por la Primera Infancia

  • Consuelo Gloria Morales Elizondo, Ciudadanos en apoyo a los derechos humanos, A.C.

  • David Eduardo Calderón Martín del Campo, Mexicanos Primero

  • José Ángel Fernández Uría, Early Institute

  • Juan Martín Pérez, Red por los Derechos de la Infancia en México

  • Nelia Bojorquez, Inclusión Ciudadana

  • María Isabel María Crowley; JUCONI

  • Tere Lanzagorta

 
Integrantes del Consejo Consultivo del SIPINNA

  • Antonio Rizzoli Córdoba, Hospital Infantil de México"Federico Gómez"

  • Carlos Ríos Espinosa, Human Rights Watch

  • Eduardo Sojo Garza Aldape, Centro de Investigación y Docencias Económicas,A.C. (CIDE)

  • Ignacio Maldonado Martínez, Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, A. C. (ILEF)

  • Javier Esteinou Madrid, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

  • José Antonio Pérez Islas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Departamento de la Juventud.

  • Laura Alvarado Castellanos, Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.

  • María Josefina Menéndez Carbajal, Save the Children

  • Mario Luis Fuentes Alcalá, Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS), y Miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM

  • Norma Alicia Del Río Lugo, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

  • Roberto Tapia Conyer, Profesor de la facultad de Medicina de la UNAM.

  • Silvia Elena Giorguli Saucedo, El Colegio de México A.C. (COLMEX)

  • Silvia Martha Novoa Fernández, World Vision México