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¡Los migrantes y refugiados venezolanos se encuentran vulnerables!

octubre 18, 2022 SaveMX 0 Comments

Ciudad de México, 18 de octubre de 2022. El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del día de hoy implementará una nueva medida de control migratorio denominada “Proceso para Venezolanos”, con el objetivo de reducir el número de personas venezolanas que ingresan de manera irregular a su territorio, vulnerando los derechos humanos, así como a los tratados internacionales en materia de refugiados.

Dicha medida ha sido aceptada por el gobierno de México, incluso cuando no resuelve de ninguna manera la crisis humanitaria que viven las personas venezolanas. Por ejemplo,  el “Proceso para Venezolanos” contempla la recepción de 24 mil personas venezolanas en Estados Unidos; sin embargo, tan solo de enero a agosto de 2022 se estimó que 25 mil 486 personas venezolanas ingresaron irregularmente a México y 23 mil 614 tienen algún estatus migratorio temporal o permanente[1].

Por ello, José Lugo, coordinador de Incidencia Política para la Protección de la Niñez, puntualizó que “Es necesario que el gobierno mexicano revise su política de cooperación con el gobierno estadounidense, ya que aceptar medidas de este tipo como parte de negociaciones internacionales, puede poner en riesgo la seguridad humana de las personas en movilidad, y derivar en crisis humanitarias”.

La medida indica que las personas venezolanas solo podrán ingresar y permanecer hasta dos años en los Estados Unidos -si es que se respetan las mismas reglas que se utilizaron en el programa para recibir a las personas ucranianas que huyeron de la guerra-, aquellas que sean pedidas por una persona u organización que fungirá como su patrocinador, es decir, que se haga cargo financieramente, siempre y cuando este y la persona migrante, cumplan con ciertos requisitos. En el caso de personas menores de edad, deberán viajar con un padre o tutor legal para poder usar este proceso de entrada temporal a Estados Unidos.

En cambio, se estipula que no serán elegibles las personas venezolanas que fueron expulsadas de Estados Unidos en los cinco años precedentes; que cruzaron sin autorización por zonas ubicadas entre los puertos de ingreso a Estados Unidos o ingresaron en forma irregular a México o Panamá con posterioridad a la fecha oficial de publicación de esta medida; quienes sean residentes permanentes o tengan ciudadanía de otro país distinto, esto incluye doble nacionalidad; que hayan sido reconocidos como refugiados en otro país, y que no cuenten con esquemas de vacunación solicitados por Estados Unidos. [2]

En ese sentido, José Lugo señaló que “Medidas como estás han sido las causantes de diversas crisis en materia de derechos humanos y humanitarias, toda vez que no se realiza una evaluación de necesidades ni se toman en consideración medidas de protección para las personas que serán afectadas. Las políticas que se toman e implementan de la noche a la mañana causan confusión y estrés en la población, y les arrebatan la oportunidad de prepararse, dejándolos a la deriva.”

Los efectos negativos de dicha medida ya comienzan a ser visibles, incluso desde que la medida fue anunciada el pasado el 12 de octubre. Por ejemplo, ese mismo día, decenas de personas venezolanas que ya se encontraban en los Estados Unidos fueron deportadas a México y recibidas con un oficio entregado por el Instituto Nacional de Migración, en el que se les indicó que tenían 15 días para abandonar el país. Y, por otro lado, se registró que una caravana conformada por más de mil personas venezolanas partió de Tapachula, Chiapas, con destino hacia los Estados Unidos, a pesar del anuncio señalado[3].

En virtud de lo anterior, desde Save the Children consideramos que estamos en vísperas de una nueva situación grave de violación de derechos humanos y de los tratados internacionales en materia de refugiados, profundizándose las condiciones de vulnerabilidad que se vive en las ciudades fronterizas del norte y sur de México.

Por ello, solicitamos al gobierno mexicano que:

  1. Defina de manera inmediata un plan de respuesta humanitaria y los recursos suficientes para acoger a las personas que serán afectadas por esta política. Ello implica ampliar la capacidad de los servicios de salud, educación, empleo, seguridad.
  2. Promover que los apoyos que recibirá México de los Estados Unidos no se limiten a la entrega de 65 mil visas H2-B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20 mil estarán destinadas para personas de Centroamérica y Haití[4], ni a reforzar la seguridad fronteriza, lo que sin duda debe continuar en contra del crimen organizado; sino que sea para fortalecer a las organizaciones de respuesta humanitaria y albergues con mayores espacios dignos y mayor personal en el ámbito de la atención médica, psicosocial, legal, de trabajo social, entre otros.
  3. Brindar un estatus migratorio regular, a partir de las necesidades y condiciones particulares de cada persona o grupo familiar, con el propósito de facilitar el acceso a derechos, incluyendo la posibilidad de obtener empleo y de buscar en otras ciudades esas oportunidades, con el acompañamiento del gobierno, en tanto se define una solución de más larga duración. Esto significa que deberá dejar de entregar oficios de salida, ya que solo genera temor y una gran vulneración de derechos.
  4. Asegurar que exista una coordinación y atención oportuna y eficaz entre el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Procuraduría Federal y Procuradurías Locales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los Sistemas DIF, para proteger a las niñas, niños, adolescentes y familias devueltas bajo este programa, implementando la Ruta de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación Migratoria.
  5. Llevar a cabo acciones administrativas y legales en contra las y los funcionarios públicos que se aprovechen de esta situación para extorsionar o beneficiarse de alguna forma en detrimento de las personas en movilidad.

ACERCA DE SAVE THE CHILDREN

Save the Children es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países, atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Apoya a los niños y niñas a tener una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

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[1]Disponible en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2022/Boletin_2022.pdf.

[2] Disponible en: https://www.state.gov/translations/spanish/el-dhs-anuncia-un-nuevo-proceso-de-control-migratorio-para-ciudadanos-venezolanos/

[3] Disponible en: https://www.informador.mx/mexico/Migracion-Caravana-de-venezolanos-sale-de-Chiapas-pese-a-restricciones-de-EU-20221014-0040.html

[4] Disponible en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-coordina-con-ee-uu-nuevo-enfoque-para-una-migracion-ordenada-segura-regular-y-humana-en-la-region?idiom=es

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