• El Senado aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que permite el trabajo de adolescentes en el sector agrícola. Fue enviada al Ejecutivo para publicación pero este aún puede vetarla
• La reforma es un retroceso en la garantía de derechos a las y los adolescentes, ya que carece de mecanismos para garantizar su seguridad e integridad en el sector agrícola
• La reforma puede significar una violación al compromiso de no derogación de cláusulas de protección establecido en el capítulo 23 del T-MEC, y representar una amenaza al comercio de exportación mexicano

 
Ciudad de México a 2 de marzo de 2022. El pasado 23 de febrero el Senado aprobó una minuta que reforma el artículo 176 fracción II numeral 8 de la Ley Federal del Trabajo cuyo objetivo es legalizar el trabajo de las y los adolescentes de 15 a 17 años en el sector agrícola.
 

La prohibición del trabajo adolescente en actividades agrícolas se introdujo en nuestra legislación en noviembre de 2012 como resultado de la ratificación de dos Convenios de la OIT, por un lado, el Convenio 138[1], que establece los 15 años como la edad mínima para trabajar y, por el otro, el Convenio 182[2], sobre las peores formas de trabajo infantil, que señala como una de las peores formas toda aquella actividad que por su naturaleza o condiciones es probable que dañe la salud, seguridad o moralidad de las niñas, niños y adolescentes.
 
Esta prohibición fue aprobada con el objetivo primordial de proteger a las y los adolescentes de las condiciones extremas que se presentan en el campo mexicano: exposición a agroquímicos, largas jornadas laborales, insolación, deshidratación, posturas prolongadas o repetitivas, hacinamiento, informalidad, carencia de seguridad social, pagas menores, falta de servicios de cuidado, carencia en acceso a servicios educativos, de salud, alimentación y agua potable, por mencionar algunos, y que constituyen un riesgo real para su salud e integridad.
 
Actualmente, 1,128,898 adolescentes de 15 a 17 años trabajan en ocupaciones peligrosas, y más de la mitad de ellos (638, 493) lo hacen en el sector agrícola[3]. Esta reforma busca atender una realidad para miles de adolescentes quienes carecen de las oportunidades y los medios suficientes para continuar sus estudios, lo que a futuro les permita acceder a empleos mejor remunerados; sin embargo, la reforma por si sola resulta ser una solución parcial que los expone a riesgos que sobrepasan los beneficios.
 
El enfoque de la reforma se centra en la legalización del trabajo adolescente en el sector agrícola, sin proponer mecanismos, recursos y reformas adicionales que garanticen que su incorporación se realice en apego a lo que señala la Ley, priorizando su integridad, seguridad y sano desarrollo.
 
Es obligación del Estado mexicano dar a las y los adolescentes las oportunidades necesarias para desarrollarse, pero no a costa de su salud e integridad. Es importante que el Ejecutivo Federal haga uso de su facultad de veto, hasta en tanto no se generen los cambios legislativos, y de políticas y presupuesto público para garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los adolescentes, con especial preocupación en su seguridad y protección.
 
La aprobación puede generar incumplimientos a las obligaciones contraídas en el T-MEC, y con ello incluso amenazas al comercio de exportación mexicano, particularmente por lo que se refiere a su capítulo 23, el cual consagra la “no derogación de cláusulas de protección”, en el entendido de que la prohibición del trabajo adolescente agrícola se realizó como una medida de protección contra labores peligrosas e insalubres, debido a las actividades y condiciones en las cuales se encuentra el campo mexicano, además de que la aprobación  implica un retroceso en el nivel de protección a los derechos de las y los adolescentes.
 
El trabajo adolescente agrícola implica un gran reto y  debe garantizar que las actividades:

1. No limiten o impidan el disfrute de sus derechos, en especial los relacionados con la asistencia y continuidad de la educación, así como el descanso y esparcimiento a través de un horario adecuado.
2. No sean peligrosas, ni insalubres y no produzcan efectos negativos, inmediatos o futuros, a su desarrollo físico, mental, psicológico o social. 

Por tal motivo, desde Save the Children hacemos un llamado para que se implementen acciones que prioricen la integridad y seguridad de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida.
 
Gobierno:

1. Que el Ejecutivo Federal haga uso de su facultad de veto, hasta en tanto no se generen los cambios legislativos, y de políticas y presupuesto público necesarios para garantizar la protección de los derechos de las y los adolescentes que trabajan.
2. Incluir una lista de actividades nocivas o peligrosas en las que no pueden participar las y los adolescentes en el sector agrícola.
3. Incluir de forma expresa en la Ley, la obligación de los empleadores (patrón) de dar de alta en el seguro social a las y los adolescentes trabajadores en edad permitida.
4. Homologar la jornada laboral para adolescentes trabajadores a 6 horas, asegurando que tengan tiempo suficiente para realizar tareas escolares, de descanso, juego y esparcimiento.
5. Incrementar las capacidades de la inspección laboral, aumentado los recursos que se le asignan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como el número de personas inspectoras laborales capacitadas para actuar con enfoque de protección a los derechos de las y los adolescentes.
6. Implementar un programa permanente de inspecciones laborales aleatorias y no anunciadas enfocadas a trabajo infantil y adolescente en el sector agrícola.
7. Crear una Estrategia Nacional para Combatir el Trabajo Infantil y Proteger el Trabajo Adolescente Permitido.

Empresas:

1. Ofertar a los y las adolescentes en la agricultura trabajo decente que les asegure un ingreso digno, con seguridad social y que asegure el pleno ejercicio de sus derechos a la educación, salud, esparcimiento, descanso, dignidad, integridad, entre otros.
2. Integrar en políticas y códigos de conducta el compromiso de erradicar el trabajo infantil en sus operaciones y cadena de suministro.
3. Implementar sistemas para verificar y documentar la edad de las y los trabajadores.
4. Implementar sistemas que garanticen que las y los adolescentes no realicen actividades nocivas o perjudiciales para su salud e integridad física y mental.
5. Evaluar riesgos de trabajo infantil en operaciones y cadena de suministro.
6. Implementar acciones de retiro ante violaciones por trabajo adolescente no permitido y en casos de trabajo infantil.
7. Garantizar que no suceda una precarización del empleo y condiciones salariales de las personas adultas que trabajan en el campo.
8. Comunicar avances con informes de progreso resultado de acciones implementadas por violaciones por trabajo adolescente no permitido y en casos de trabajo infantil.  

La aprobación de esta reforma presenta un reto para construir contextos seguros que brinden oportunidades a las y los adolescentes a fin de que cuenten con las herramientas necesarias para tener un buen presente y un mejor futuro.
 
La integración de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida a los sectores productivos debe hacerse de forma responsable, paulatina y posterior a un proceso de revisión y fortalecimiento de los mecanismos de protección en el cual se involucren gobierno, sector privado y sociedad civil, a fin de que se garantice la protección integral de sus derechos. 

Acerca de Save the Children:

Save the Children es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países, atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Apoya a los niños y niñas a tener una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Tan solo en 2021 impactó en la vida de 483,589 personas en 20 estados de la República.  

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